Italia-Kazajistán: La posición de ENI en el nuevo acuerdo para Kashagan
La extensa negociación de las cláusulas de explotación del yacimiento kazajo de Kashagan, iniciada en agosto del año pasado, se concluyó el 13 de enero con con la firma de un memorándum de entendimiento entre las compañías petroleras y el gobierno kazajo. Este acuerdo permitirá superar los obstáculos puestos por la americana ExxonMobil, el socio más importante del consorcio que no acepta las condiciones propuestas por el régimen de Nazarbayev, y adjudicará a la estatal KazMunaiGas un papel más importante entre las compañías petroleras. El acuerdo tiene especial valor para la posición de la italiana ENI, que desde 2001 lidera el consorcio Agip KCO para la explotación del gigante yacimiento petrolífero: de hecho, ExxonMobil compartirá el proyecto con Total y Shell, un objetivo al que ya aspiraba desde diciembre del pasado año. Por lo tanto, la oposición a las condiciones requeridas por el gobierno de Astana ocultaba la voluntad de obtener la revisión en beneficio propio de la posición de la dirección del consorcio.
Alberto Strazzer
Equilibri.net (23 enero 2008)
En 1997, unos treinta años después del descubrimiento, el gobierno kazajo concluyó un acuerdo con un consorcio encargado de explorar y producir los enormes recursos del yacimiento: en función de dicho acuerdo, de tipo PSA, el gobierno kazajo podría haber obtenido ingresos por valor de 120 millones de dólares al año durante los primeros diez años del inicio de la producción, es decir, el dos por ciento del total de sus ingresos. Las cláusulas estipuladas eran muy generosas con las compañías petroleras (entre ellas ExxonMobil, Royal Dutch Shell, ENI, Total, ConocoPhillips, la japonesa Inpex y la compañía estatal KazMunaiGas), pero reflejaban los delicados equilibrios geopolíticos que marcaban en aquel momento a la región centro asiática. Desafortunadamente para el gobierno de Astana, las condiciones de trabajo, más duras de lo que se pensaba, han producido retrasos considerables en los planes previstos, tanto que a día de hoy se calcula que los primeros barriles no saldrán a la venta hasta 2010.
En 2001, ENI firmó un contrato por el cual asumía el control del consorcio, que entonces tomó el nombre de Agip KCO: desde aquel momento la compañía italiana se convirtió en el líder, un rol bastante delicado por la complejidad de las operaciones y por la cantidad de dinero que debía administrar e invertir. Bajo el mando de ENI, continuaron llevándose a cabo las operaciones de exploración, y ello a pesar de las dificultades de trabajar en un país gobernado por un presidente impetuoso y manipulador como Nursultan Nazarbayev.
De todas maneras, la situación permaneció bastante estable hasta principios de 2007, cuando el consorcio anunció que el inicio de la producción, inicialmente previsto para 2005, sería aplazado al 2010, y que los costes de la denominada “primera fase” aumentarían hasta en 20.000 millones de dólares. La reacción del gobierno de Astana al anuncio realizado por el consorcio se hizo esperar hasta el pasado agosto, cuando aprovechó la situación para renegociar las cláusulas contractuales: si las compañías retrasaban el inicio de la producción y aumentaban el presupuesto inicial necesario, se respondería solicitando el aumento de la cuota poseída por KazMunaiGas y el pago de una indemnización al país por las consecuencias negativas de los resultados producidos por los ingresos no obtenidos. Además, según las estimaciones declaradas por el consorcio, el gobierno kazajo añadía que la cuota total de las inversiones necesarias sería más que duplicada, pasando de 57.000 a 136.000 millones de dólares. La controversia se ha prolongado hasta el pasado mes de diciembre, cuando todas las compañías petroleras, con la excepción de la americana ExxonMobil, se han declarado dispuestas a acceder a las condiciones de los kazajos: la cuota de KMG (8,33%) habría sido aumentada e igualada a la de los principales socios extranjeros (actualmente ExxonMobil, Royal Dutch Shell y Total poseen el 18,52%) y el gobierno kazajo habría recibido una compensación comprendida entre los 4.000 y los 7.000 millones de dólares por los ingresos no obtenidos.
Esta posibilidad hizo que Exxon respondiera que jamás habría aceptado las condiciones requeridas, justificándose en la dificultad de explicar a sus socios una operación perjudicial para los intereses de la compañía. La oposición de la compañía americana ha terminado por ralentizar las negociaciones, que han sobrepasado el plazo preestablecido del 20 de diciembre, obligando a las partes a fijar un nuevo plazo para el 15 de enero. Por tanto, el 12 de enero se inició en Astana una nueva negociación que duró tres días y que tenía por objetivo encontrar una solución al problema Finalmente, la noche del 15 de enero, se llegó a un acuerdo por el cual se establecía una compensación de unos 4.000 millones de dólares al gobierno kazajo (aunque más adelante la cuantía exacta de la indemnización tendrá que recalcularse en base a la evolución de los precios del petróleo) y la nivelación de las cuotas de KMG y de los otros operadores principales.
Vencedores y vencidos del nuevo acuerdo
La situación que se ha originado es producto de la estrategia poco suave de la americana Exxon, opuesta a las propuestas surgidas en el pasado, al no permitir el aumento de la cuota poseída por KMG: en realidad, la posición oficial de los americanos no ocultaba el intento de debilitar el papel de ENI, que, como se ha dicho, era desde 2001 la compañía responsable del proyecto. En efecto, Exxon pretendía liderar el proyecto en lugar del coloso italiano. Por lo tanto, parece que el gobierno kazajo ha tenido que afrontar la disputa surgida entre las dos compañías competidoras y, dado el peso de ambas, ha optado por una solución salomónica, sin oponerse a las peticiones americanas, pero sin satisfacerlas del todo: esta decisión se inserta perfectamente en la tradición política exterior del Kazajistán independiente, deseoso de tener las puertas abiertas tanto a Moscú como a Washington. Quienes salen obviamente reforzados son la compañía estatal KMG y el gobierno kazajo, que obtienen, en primer lugar, la igualación de su cuota a la de los socios extranjeros (16,8%, para obtenerla ha pagado 1.7800 millones de dólares, cotización por debajo del valor de mercado) y, en segundo lugar, una indemnización que oscilará entre los 2.500 y los 4.500 millones de dólares, según la cotización del bruto. De este modo, además, el gobierno de Astana se ajusta a la práctica bastante difundida durante los años 90 y vinculada a la conclusión de los acuerdos de PSA: el excesivo aumento del presupuesto inicial efectuado por las compañías productoras.
El PSA es un tipo de contrato petrolífero que se aplica en contextos políticos inestables donde los éxitos de las inversiones no están garantizados. Como explica el administrador delegado de ENI, Paolo Scaroni, este tipo de acuerdo prevé que los beneficios de la venta del bruto, una vez iniciada la producción, sean repartidos entre el gobierno del país anfitrión y las compañías petroleras: una cuota entre el 60 y el 80% acaba en manos de las compañías (el denominado profit-oil), mientras que el resto va para a manos del gobierno anfitrión (cost-oil). Esto es válido hasta que las compañías (o el posible consorcio) recuperan la inversión inicial, momento en el que la cuota de profit-oil comienza a bajar, al tiempo que aumenta la cuota de cost-oil. Sin embargo, la experiencia de otros enfrentamientos pasados, como los de los yacimientos rusos de Kovytka y Sakhalin, revela que tal vez las estimaciones anunciadas por las compañías de cara a la firma de un acuerdo, se incrementan una vez concluido el mismo, con el fin de retrasar el momento en el que comienza a bajar la cuota de profit-oil. Hasta ese momento se continua requisando el margen principal de beneficios, obteniendo más de lo gastado n poner en marcha la producción. En el caso kazajo, la producción aún no se ha iniciado, lo que juega a favor del Gobierno, el cual, fuerte sobre todo gracias a una especial relación con Moscú, ha solicitado la revisión de las cláusulas del contrato para resarcirse por el comportamiento que han tenido las compañías petroleras y por los retrasos acumulados hasta el momento. Destaca sobre todo la petición de compensación de 4.000 millones de dólares, que devolverían al gobierno kazajo parte de las pérdidas producidas por el aumento del presupuesto inicial: según los cálculos publicados por la consultoría Platform, las pérdidas del Estado kazajo por los retrasos (esto es, las ganancias no obtenidas) ascenderían a casi 20.000 millones de dólares anuales.
Traducción de Carolina Sabater



